No obstante, se daba por hecho que el Parlamento georgiano rechazará el veto presidencial, ya que se necesitan 76 de los 150 diputados de la cámara y el partido gobernante Sueño Georgiano cuenta con 84 escaños.

Si después de la votación y en un plazo de cinco días la presidenta se niega a firmar la ley, podrá hacerlo el jefe del Parlamento, según la normativa vigente.

Cuando entre en vigor la normativa las organizaciones no gubernamentales y los medios con más de un 20 por ciento de financiación exterior tendrán que presentar una vez al año declaraciones públicas de finanzas.

Según las autoridades, el 80 por ciento del dinero que financia medios y ONG en Georgia es poco transparente y puede ser destinado a acciones de desestabilización con vistas a las elecciones parlamentarias del 26 de octubre.

El presidente del parlamento georgiano puntualizó que «para que las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) de Georgia participen en la toma de decisiones en todos los niveles y gocen de influencia sobre la vida pública, deben proporcionar un estándar básico de transparencia».

«La población debe saber quién respalda a cada actor. Esto es cierto para las instituciones estatales, esto es cierto para los partidos políticos, esto es cierto para los funcionarios públicos y esto también debe ser cierto para las organizaciones sin fines de lucro. La transparencia financiera de todos estos actores clave del círculo de toma de decisiones es un principio básico», señaló.